La Diputación de Segovia concedió el año pasado más de 586.000 euros en préstamos a ocho ayuntamientos de la provincia que solicitaron estos créditos sin intereses que la institución provincial pone a disposición de los municipios, a través de su Caja de Cooperación. En concreto, en 2024 accedieron a esta posibilidad de financiación los consistorios de Bernuy de Porreros, Villaverde de Íscar, Laguna de Contreras, Veganzones, Navas de San Antonio, Sacramenia, Ayllón y Hontanares de Eresma. Asimismo, se anularon tres préstamos y se amortizaron otros tres.
Mientras, la Junta de Gobierno de la Diputación, en la sesión celebrada el 27 de mayo, daba la autorización inicial a sendos préstamos sin interés de la Caja Provincial de Cooperación. En concreto, a los ayuntamientos de Navas de San Antonio y de Aldealengua de Pedraza, en lo que constituyen las dos únicas solicitudes que se han producido en lo que va de año 2025. Un periodo en el que, además, se ha producido la cancelación y archivo de uno de los préstamos que mantenía el municipio de Chañe.
De esta manera, el diputado de Hacienda, Óscar Moral, ha recalcado que “la institución provincial facilita una de las fuentes de financiación primordiales para la ejecución de obras y servicios municipales en varios pueblos, gracias a estos préstamos reintegrables, sin interés, y el seguimiento y apoyo técnico sobre la financiación de las obras hasta el reembolso total”.
Memoria anual sobre el IAE
Por otro lado, la mencionada sesión de la Junta de Gobierno ha aprobado la memoria anual -correspondiente a 2024- comprensiva a las actuaciones inspectoras del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el acuerdo de su remisión a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Actuaciones que se desarrollan en régimen de delegación para las cuotas municipales.
La mencionada memoria contempla que se levantaron 97 actas, siendo 89 de conformidad y ocho de disconformidad. En ellas, se reflejan 99 alteraciones del censo del impuesto (29 inclusiones, 20 exclusiones y 50 variaciones), que se traducen en una deuda tributaria de 194.013’38 euros. La mayor parte de ese montante (134.622’38 euros) tiene que ver con la cuota que corresponde al Ayuntamiento en cuestión, mientras que 50.587’5 euros son del recargo provincial y los 8.803’5 euros restantes, de los intereses de demora y de aplazamientos. Las mayores diferencias de tributación se han detectado en variaciones de actividades industriales y ganaderas. Y a la deuda anteriormente mencionada se suman las sanciones que han derivado de 63 expedientes y que suponen otros 37.622’02 euros.
Para todo ello se han ejecutado, por un lado, inspecciones selectivas sobre actuaciones que presumiblemente pueden presentar mayores irregularidades en su tributación y, por otro, se han atendido las demandas de la autoridad competente. Todo siguiendo el Plan de Inspección Tributaria aprobado en la Diputación para 2024, con criterios de aleatoriedad, oportunidad y eficacia. Así, se prioriza la comprobación de actividades o contribuyentes que haya sido solicitada por los responsables municipales o por la autoridad competente. A partir de ahí, se tienen en cuenta sectores como la promoción inmobiliaria; la construcción; las actividades de energía y agua, mineras e industriales; las actividades comerciales y de servicios; o las actividades de ganadería independiente. También se observa a determinados grupos de sociedades, se comprueba la correcta aplicación de exenciones por inicio de actividad y, salvo excepciones, no se inspeccionan negocios cuya cifra neta es inferior al millón de euros.
Para la actuación concreta, se comunica al contribuyente y se le cita, para que comparezca y aporte documentación. Posteriormente, se llevan a cabo actuaciones para obtener datos y pruebas, documentando diligencias, que desembocarán, en su caso, en la incoación del acta. Una labor que lleva a cabo un equipo inspector de la institución provincial compuesto por tres personas.
